Los derechos de las personas en embarazo están en juego en los Países Bajos

Este verano, cientos de manifestantes colmaron la plaza Dam de Ámsterdam (Países Bajos) para exigir el derecho a ser Baas in eigen Buik, o ‘Mandar sobre su propio vientre’. Provocados por la reciente decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos en el caso Dobbs versus la Organización de Salud de la Mujer de Jackson, los organizadores de la protesta pedían que se elimine el aborto del Código Penal de los Países Bajos. Con lemas como “Mi cuerpo, mi elección”, los manifestantes apelaban a su derecho a la autodeterminación y la autonomía en la toma de decisiones reproductivas.

Sin embargo, estos derechos no solo están en juego debido a las regulaciones y políticas restrictivas en cuanto al aborto. Una reciente decisión ministerial que modifica la financiación de la atención a la maternidad tiene implicaciones de gran alcance para los derechos de las personas que dan a luz. Lamentablemente, ninguno de los políticos que hablaron apasionadamente sobre los derechos reproductivos de las mujeres y la autodeterminación en la plaza Dam este mes de julio, se pronunciaron sobre dicha modificación o cuestionaron al ministro sobre sus razones para este cambio de política. Todo ello, pese a una petición con más de 115.000 firmas que se había presentado con antelación a los miembros de la Cámara de Representantes y que ponía de manifiesto las implicaciones perjudiciales de este nuevo plan de financiación para los derechos de quienes dan a luz.

Los Países Bajos son uno de los pocos países en los que los partos en casa, con la asistencia de una matrona, son una parte integral y bien regulada de la atención a la maternidad. Su legislación reconoce el poder autónomo de las matronas, las cuales se forman como practicantes médicos independientes, lo que les permite supervisar partos en casa. Más de 16% de las personas en embarazo dan a luz en casa. Sin embargo, con el nuevo esquema de financiación de la salud, es muy probable que esta opción de dar a luz en casa deje de estar disponible en algunas partes del país. Como explica Franka Cadee, presidenta de la Confederación Internacional de Matronas, en el periódico neerlandés Trouw esta primavera, con la introducción de este “plan de financiación integral” las matronas ya no podrán trabajar de forma independiente. En su lugar, dependerán completamente de los hospitales. Como sabemos de otros países, esto lleva al fin de la atención materna independiente y a pequeña escala, y a una mayor medicalización del parto. Esto acarrea muchos problemas, no solo en lo que respecta a los derechos de las personas que dan a luz, sino también a las obligaciones que los Países Bajos tienen en virtud de diversos tratados sobre derechos humanos.

En 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en el caso Ternovszky versus Hungría que las mujeres tienen derecho a decidir cómo y dónde quieren dar a luz. Este derecho es parte integral del derecho de la mujer a la integridad física establecido en el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. En el caso presentado ante el Tribunal, la mujer había querido dar a luz en casa, pero se sentía incapaz de hacerlo porque no podía encontrar una matrona que la atendiera. Hungría desaconsejaba activamente los partos en casa y prohibía a las matronas asistirlos. El Tribunal consideró que, aunque el parto en casa no estaba prohibido como tal (al fin y al cabo, la mujer podía dar a luz en casa por sí misma), la normativa vigente hacía imposible dar a luz en casa, ya que normalmente se necesitaría la ayuda de una matrona. Por lo tanto, dar a luz en casa estaba, de hecho, prohibido en la práctica. Con ello, se había vulnerado el derecho de la mujer a elegir dónde quiere dar a luz. Aunque este derecho a elegir lo anterior no es absoluto (a veces el Estado puede estar justificado para interferir en cuanto a este), un Estado no puede limitarse sin más a este derecho. Esto solo es posible si esta interferencia se produce en interés de uno de los fines especificados en el artículo 8 del Convenio, como la seguridad nacional, la protección de la salud pública o la protección de los derechos y libertades de los demás. Está claro que los Países Bajos, con un sistema de atención a la salud materna segura y que funciona bien, no pueden traer a colación  ninguno de estos motivos.  Además, el Comité de la ONU para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), comité que supervisa el cumplimiento de la Convención de la Mujer de la ONU por parte de los Estados, también ha dejado muy claro que estos tienen la obligación internacional de garantizar que los partos en casa estén disponibles dentro del marco de atención a la maternidad del Estado y que no se impongan restricciones innecesarias a los partos en casa. Es evidente que los Países Bajos no cumplirán con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos cuando la opción de los partos en casa desaparezca en algunas partes del país.

No obstante, el problema no es solo el derecho a elegir dónde se quiere dar a luz o si un Estado cumple o no sus obligaciones al respecto. El problema subyacente es el de la agencia en el parto. Al poner toda la financiación en manos de los hospitales centralizados, son estas instituciones las que tienen la última palabra en cuanto a las nociones de ‘práctica segura del parto’ y ‘riesgo’. Numerosos estudios han demostrado que la medicalización de la atención al parto está asociada a la falta de poder de quienes dan a luz, a la pérdida de autonomía en la toma de decisiones durante el parto y a un mayor riesgo de intervenciones médicas innecesarias y de violencia obstétrica. Con la desaparición de la atención independiente de la partería y una nueva confirmación del poder de la ciencia obstétrica, no es probable que esta situación mejore.

Ser quien ‘manda sobre su propio vientre’, poder decidir qué pasa con su cuerpo, cómo y dónde, es un derecho vital en todas las fases del embarazo y el parto. Si el ministro no se da cuenta de que su decisión fue un grave error de apreciación y revisa su esquema de financiación de la maternidad, debemos asegurarnos de que lo haga. En la plaza Dam.

La Doctora Fleur van Leeuwen es profesora de Derecho Internacional de los Derechos Humanos en la Universidad de Boğaziçi, en Estambul, e investigadora principal afiliada en el Atria: centro de expertos en desigualdad de género e historia de las mujeres, en Ámsterdam (Países Bajos). Especialista en género y derecho, ha publicado extensamente sobre derechos reproductivos y derechos humanos en el parto.