Tendencias mundiales en contra de la autonomía reproductiva de las mujeres
La salud y los derechos sexuales y reproductivos están cada vez más amenazados. La Administración Trump en Estados Unidos ha restringido el diálogo y el acceso a los anticonceptivos y al aborto seguro, lo que ha provocado un efecto dominó a nivel mundial. Una tendencia preocupante está surgiendo: otros gobiernos y organizaciones internacionales están siguiendo su ejemplo, limitando la financiación y evitando el lenguaje de los derechos reproductivos.
Recortes a la financiación de la salud y los derechos sexuales y reproductivos: impacto y consecuencias a nivel mundial
La Administración Trump ha supervisado el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ha retirado 500 millones de dólares estadounidenses de la financiación mundial para la salud y ha puesto fin a todas las contribuciones de los Estados Unidos al Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), la agencia de la ONU para la salud sexual y reproductiva. El resultado es la desestabilización de las iniciativas mundiales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos (SDSR), lo que desmejora los avances hacia la igualdad de género y pone en peligro la Agenda 2030 para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.
La suspensión de los programas de anticoncepción, atención integral del aborto y salud reproductiva ha dejado a unas 130 390 mujeres sin acceso a servicios anticonceptivos cada día, lo que se traduce en 47,6 millones de mujeres al año. Se prevé que esta brecha dé lugar a 17,1 millones de embarazos no deseados y 34 000 muertes maternas evitables. El impacto se sentirá con mayor dureza entre las mujeres que se encuentran en entornos humanitarios, en los que a menudo se pasa por alto la necesidad de anticonceptivos y se producen más de 60% de todas las muertes maternas.
Para agravar aún más la crisis, la cancelación de los contratos de USAID y del Programa Mundial de Cadena de Suministros Sanitarios, que prestaba servicio a más de 40 países, dio lugar a la acumulación de anticonceptivos en Bélgica por valor de 9,7 millones de dólares, entre los que se incluyen dispositivos intrauterinos (DIU), implantes y píldoras. En julio de 2025, se tomó la decisión de destruir estos suministros, con un costo de 167 000 dólares. Esto, a pesar de que los contribuyentes estadounidenses ya habían pagado por estos productos que salvan vidas y de que varias organizaciones humanitarias internacionales, gobiernos y actores sanitarios mundiales habían intentado en múltiples ocasiones comprar y redistribuir los suministros (al momento de redactar este informe, se desconocía si se había iniciado la incineración de las existencias). Estas acciones dejan clara la determinación del actual presidente estadounidense de romper con las normas internacionales establecidas en materia de derechos humanos y sustituirlas por una agenda abiertamente hostil hacia la salud y los derechos sexuales y reproductivos.
¿Reducción costos o control de la retórica?
Las pruebas demuestran que los servicios anticonceptivos permiten ahorrar costos al reducir los embarazos no deseados. Un modelo elaborado en 2020 reveló que, por cada dólar adicional gastado en servicios de planificación familiar en países de ingresos bajos y medios, se podrían haber ahorrado tres dólares en el costo de la atención materna, neonatal y del aborto integral. El UNFPA describió la agenda mundial del fortalecimiento de los sistemas de salud y la prevención de los embarazos no deseados, los abortos inseguros y las muertes maternas satisfaciendo las necesidades de las mujeres en materia de acceso a anticonceptivos modernos como «una labor que es la mejor inversión en materia de desarrollo, una inversión rentable que genera beneficios positivos durante generaciones».
Aunque Estados Unidos ha sido el mayor donante bilateral para la financiación de la salud mundial, este costo representa menos de 1 % del presupuesto del país. Los recortes se han descrito como un «ahorro insignificante para Estados Unidos, pero una pérdida devastadora para el mundo». Las políticas económicas determinan la autonomía reproductiva. Los recientes recortes en la financiación de la salud mundial afectan de manera desproporcionada al acceso de las mujeres a los servicios reproductivos. Estas medidas se justifican como responsabilidad fiscal, pero en realidad reflejan decisiones políticas más profundas sobre qué necesidades son importantes, presagiando un futuro inminente en el que la salud y los derechos reproductivos, especialmente los de las mujeres, serán cada vez menos importantes.
La propagación de políticas regresivas
El actual Gobierno estadounidense ha estado restableciendo y reforzando políticas regresivas y conservadoras que promueven una agenda con repercusiones a nivel mundial. Un ejemplo de ello es el restablecimiento de la ‘Ley Mordaza Global’ en enero de 2025. Esta prohíbe a las organizaciones que reciben ayuda exterior de Estados Unidos proporcionar, derivar o promover servicios de aborto utilizando cualquier tipo de financiación, incluido el dinero procedente de fuentes no estadounidenses, incluso en países donde el aborto es una parte habitual de la atención sanitaria. Esto crea confusión y reduce el acceso a servicios esenciales de anticoncepción y atención al aborto, interfiere en la relación entre el paciente y el profesional sanitario, además de silenciar a quienes abogan por los derechos sexuales y reproductivos.
En enero de 2024, el Gobierno estadounidense, liderado por el presidente Trump, convocó otra medida política: la Enmienda Kemp-Kasten, que restringe la financiación a las organizaciones o programas que apoyan o participan en la gestión de un programa de aborto coercitivo o esterilización involuntaria. Elaborada originalmente en la década de 1980 en respuesta a la preocupación por las políticas coercitivas de población de China, la Enmienda Kemp-Kasten se ha utilizado en 19 de los últimos 40 años fiscales, de forma sistemática por los gobiernos republicanos, para retener la financiación del UNFPA. El UNFPA sostiene que las acusaciones de promover el aborto o la esterilización involuntaria son infundadas y han sido desmentidas en repetidas ocasiones, incluso por el propio Gobierno estadounidense.
El precedente del Gobierno de Trump ha llevado a otros países donantes a recortar o planificar recortes en la planificación familiar internacional, lo que pone aún más en peligro la salud y los derechos sexuales y reproductivos a nivel mundial. Esto refleja un cambio en las normas en torno a la autonomía reproductiva de las mujeres, una aceptación tácita de la retórica contraria a los derechos y un debilitamiento de la cooperación internacional. Las asociaciones miembro de la ICM describen tanto el impacto de las restricciones impuestas a las mujeres como receptoras y proveedoras de atención, como el de los recortes de financiación en los servicios prestados por las matronas y en la labor de reducir la morbilidad y mortalidad maternas, especialmente en entornos humanitarios y frágiles.
Control patriarcal y normas de género
La autonomía reproductiva de las mujeres tiene que ver con el poder, quien lo posee, quien controla los cuerpos y cuyas voces dan forma a las leyes y las normas. En el centro de la reacción global contra los derechos de las mujeres, en particular los derechos sexuales y reproductivos, se encuentra el control patriarcal sobre los cuerpos de las mujeres. Las sociedades han priorizado durante mucho tiempo las funciones reproductivas de las mujeres y su papel como madres y cuidadoras por encima de su autonomía, y el conservadurismo cultural ha impulsado gran parte de la oposición a los derechos reproductivos. Se utilizan doctrinas seleccionadas de muchas religiones diferentes para promover el matrimonio heterosexual, los roles de género diferenciados, el dominio masculino y la modestia femenina, lo que choca con principios de salud y derechos sexuales y reproductivos como la igualdad de género y la autonomía sexual. La educación sexual se percibe como un fomento de la promiscuidad y la anticoncepción o el aborto se consideran moralmente inaceptables y una amenaza para los valores morales o la identidad nacional.
Los que abogan por la restricción de la libertad reproductiva suelen presentar su postura como una forma de proteger la vida o los valores familiares, pero los embarazos forzados, la denegación de anticonceptivos y la criminalización del aborto son formas de coacción reproductiva. Ya sea que las impongan las parejas, las familias o las comunidades, estas prácticas tienen como objetivo controlar a las mujeres en lugar de empoderarlas y deben reconocerse como violencia de género.
Desigualdades interseccionales
Las restricciones a la autonomía reproductiva no se experimentan por igual y las tensiones entre los enfoques de género y sexualidad también afectan significativamente a los derechos y libertades de las personas LGBTQ+, las mujeres de color, las mujeres con discapacidad y las que viven en la pobreza, todas ellas enfrentadas a barreras agravadas para acceder a los servicios de salud y derechos sexuales y reproductivos.
La justicia reproductiva es fundamental para abordar las dinámicas de género que controlan la vida reproductiva de las personas. Se basa en un análisis interseccional de cómo factores como la raza, la edad, la clase social, la situación económica, el género y la orientación sexual se combinan para afectar las experiencias y oportunidades de las personas. Proteger a las personas más afectadas por las normas reproductivas restrictivas es esencial para lograr la justicia y la libertad para todos.
Igualdad de género y desarrollo sostenible
Los cambios en las normas mundiales en materia de salud y derechos sexuales y reproductivos, junto con los recortes de financiación, el cierre de programas y la pérdida de suministros médicos esenciales, suponen un importante revés para la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y su autonomía reproductiva. Estas políticas no son neutrales, sino que reflejan ideologías políticas y visiones del mundo que buscan limitar la capacidad de acción de las mujeres y reforzar las jerarquías tradicionales. Las consecuencias a largo plazo perjudicarán la salud de las mujeres, la igualdad de género y el desarrollo sostenible.
Los gobiernos deben superar las normas patriarcales centradas en los hombres y crear las condiciones necesarias para que las mujeres puedan ejercer plenamente su autonomía reproductiva. Esto significa cuestionar los estereotipos de género sobre la sexualidad de las mujeres y su posición en la familia y la sociedad, además de eliminar las barreras legales y prácticas que impiden el acceso a los servicios de salud reproductiva. Esto puede lograrse de una manera que respete las diversas creencias culturales y religiosas, siempre que estas no infrinjan los derechos sexuales y reproductivos de las personas.
La Confederación Internacional de Matronas (ICM) afirma que los gobiernos, los socios ejecutores y los donantes deben tener el valor de resistirse a las políticas restrictivas en materia de SDSR y seguir financiando iniciativas de salud mundiales, garantizando que las mujeres de todo el mundo puedan acceder a servicios integrales de salud sexual y reproductiva.
La ICM defiende y promueve firmemente que las matronas, las asociaciones de partería, los responsables de la toma de decisiones regionales y nacionales y la comunidad sanitaria mundial continúen sus esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia de género, incluida la coacción reproductiva, para empoderar a las mujeres mediante la provisión de información y educación, garantizando su acceso ilimitado a los anticonceptivos y a servicios integrales de atención del aborto basados en el consentimiento libre e informado, la protección del derecho a la privacidad, la confidencialidad y la provisión de apoyo y servicios adecuados para asegurar resultados reproductivos positivos.
